Y sepa la bola… pero el Mundial de Futbol 2026 traerá beneficios para México y para la Ciudad de México: turismo, derrama económica, promoción internacional y una oportunidad enorme para mostrar una capital moderna. Pero también está abriendo la puerta a un negocio menos visible y más preocupante: la expansión de la publicidad ilegal.
Mientras las autoridades hablan de orden urbano, empresas publicitarias parecen haber encontrado en la fiebre mundialista el pretexto perfecto para llenar avenidas, banquetas, jardineras y edificios con vallas, pantallas, tótems y anuncios luminosos que no siempre cumplen con la Ley de Publicidad Exterior ni con las normas mínimas de protección civil.
El problema se observa con mayor fuerza en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, donde en los últimos días han sido denunciadas diversas estructuras publicitarias colocadas en zonas de alto tránsito peatonal y vehicular.
Uno de los casos más visibles es la megavalla instalada en Paseo de la Reforma, en la zona de la ex Glorieta de Colón, donde se exhibe publicidad de Powerade, marca de Coca-Cola. Activistas han señalado que esa estructura no aparece en la plataforma oficial de publicidad exterior de la Ciudad de México, lo que debería encender todas las alertas.
La pregunta es inevitable: ¿qué hace el Instituto de Verificación Administrativa? Porque si estas estructuras están a la vista de todos, también deberían estar a la vista de la autoridad.
Otro caso es el tótem instalado en Periférico y Monte Elbruz, en Polanco. Está sobre una jardinera, invade el entorno urbano, genera contaminación visual y, según denuncias vecinales, carece de permisos claros.
También está el muro publicitario luminoso ubicado en Ferrocarril de Cuernavaca 13, colonia San Pedro de los Pinos, donde se exhibe publicidad de Coca-Cola, pese a que la ley restringe este tipo de anuncios en inmuebles.
La CDMX no puede prepararse para el Mundial permitiendo que el negocio publicitario le meta gol al espacio público. Porque detrás de cada estructura ilegal no sólo hay contaminación visual: también hay omisión, dinero y autoridad mirando hacia otro lado.
Sepa la bola… pero en la Secretaría de Relaciones Exteriores no todo pasa por la diplomacia, los consulados o la política exterior. También hay áreas donde se manejan contratos millonarios y donde, según señalamientos internos, algunos funcionarios parecen mirar más hacia sus propios intereses que hacia el servicio público.
Uno de los nombres que ha comenzado a generar ruido es el de Francisco Salvador Valadez Saldaña, director general de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales de la Cancillería, señalado por presuntamente retrasar la definición del proveedor encargado de la impresión de pasaportes.
El tema no es menor. A unos días de que crezca la demanda por trámites relacionados con viajes, eventos internacionales y el Mundial de Futbol 2026, miles de mexicanos necesitan renovar o tramitar su pasaporte. Sin embargo, la incertidumbre administrativa abre espacio a dudas, presiones y sospechas sobre una posible decisión hecha a modo.
En los pasillos de la dependencia, versiones de personas cercanas al proceso atribuyen a Valadez Saldaña una frase delicada: “Con ese contrato me jubilo”. La expresión, de confirmarse, tendría que ser investigada con seriedad, porque involucra un contrato estratégico para la operación documental del país.
También pesan sobre él señalamientos de viejas prácticas burocráticas: presuntos “moches”, retrasos en pagos y uso discrecional de cargos públicos. Su paso por el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” también es mencionado por críticos, quienes lo acusan de haber dejado problemas administrativos graves.
La SRE no puede permitir que un contrato tan sensible quede atrapado entre sospechas. Los pasaportes son documentos de identidad nacional, no botín político ni cheque de retiro para nadie
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