Y Sepa La Bola… pero en el Estado de México comenzó a tomar fuerza un tema que normalmente pasa desapercibido entre campañas, discursos y pleitos políticos: los límites territoriales entre municipios.
Aunque parece un asunto técnico, detrás de esas discusiones hay recursos públicos, seguridad, servicios y hasta control político.
La reciente reunión de la Comisión de Límites Territoriales dejó ver que varios municipios mexiquenses mantienen conflictos históricos por sus fronteras, mientras otras comunidades buscan convertirse oficialmente en nuevos municipios para obtener autonomía administrativa y acceso directo a presupuesto.
En medio de ese escenario apareció el diputado local Román Cortés, quien encabezó los trabajos donde participaron alcaldes, síndicos y representantes municipales. Más allá del protocolo legislativo, el encuentro exhibe que el crecimiento urbano del Edomex ya comenzó a rebasar muchos acuerdos territoriales establecidos hace décadas.
El tema no es menor. Señalan estudios del diputado Román Cortés que definir límites implica decidir quién brinda servicios, quién recauda impuestos, quién pavimenta calles y hasta qué corporación de seguridad debe intervenir en determinadas zonas. En varios municipios esos vacíos han generado conflictos políticos y administrativos durante años.
También hay otro trasfondo: la presión social de comunidades que consideran que sus gobiernos municipales ya no responden a sus necesidades. Algunas buscan separarse argumentando abandono, falta de infraestructura o rezagos históricos.
La discusión, sin embargo, no es sencilla. Crear nuevos municipios implica viabilidad económica, estructura administrativa y acuerdos políticos que muchas veces terminan atorados por intereses partidistas o disputas presupuestales, lo cual ya analiza el diputado Román Cortés.
Y Sepa La Bola… pero en la Secretaría de Relaciones Exteriores el problema ya no parece diplomático, sino administrativo. Proveedores y prestadores de servicios comenzaron a denunciar presuntos cobros ilegales para liberar pagos, contratos y trámites dentro de la Cancillería. Las acusaciones apuntan directamente a funcionarios del área de servicios, donde, según versiones internas, ya se normalizó la exigencia de “moches” de hasta 20 por ciento.
El señalamiento principal recae sobre Francisco Salvador Valadez Saldaña, actual director de servicios de la dependencia, a quien algunos empresarios atribuyen presiones para entregar dinero a cambio de acelerar procesos administrativos. El esquema, aseguran, no opera en silencio. Los denunciantes incluso mencionan nombres de altos funcionarios que supuestamente formarían parte de la cadena de beneficios.
El tema escala por el tamaño del negocio. La licitación relacionada con la emisión de pasaportes, valuada en cerca de 4 mil millones de pesos, acumula ya seis aplazamientos en su junta de aclaraciones. Entre participantes y proveedores crece la percepción de que los retrasos no responden a temas técnicos, sino a movimientos internos para acomodar intereses y favorecer perfiles específicos.
Los antecedentes tampoco ayudan. Valadez Saldaña ya enfrentó denuncias durante su paso por otras áreas del servicio público, particularmente en el Hospital General de México, donde incluso surgieron acusaciones relacionadas con corrupción y manejo irregular de equipo de cómputo.
Mientras la Cancillería intenta sostener un discurso de transparencia y combate a la corrupción, las denuncias por presuntos “moches”, tráfico de influencias y manipulación de contratos amenazan con abrir un nuevo frente político dentro del gobierno federal. El problema para la SRE ya no es de imagen; es de credibilidad.
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