En la política, el silencio no es neutral. Es una decisión. Y en muchos casos, una estrategia que termina costando más que cualquier declaración incómoda.
El caso del presidente municipal de Xonacatlán, Joaquín Ruíz Esquivel, lo ilustra con claridad. La compra y distribución de dulces caducos por casi dos millones de pesos en escuelas públicas, con la leyenda “De parte de tu amigo Kino) no solo fue un error administrativo, sino un riesgo directo a la salud de niñas y niños. Durante días, lo que predominó fue el vacío informativo, mientras padres de familia denunciaban posibles afectaciones.
Fue hasta una semana después del escándalo que el edil decidió hablar. Confirmó que se da seguimiento al caso y reconoció que al menos dos personas presentaron molestias estomacales tras consumir los productos. “Afortunadamente no pasó a mayores, fueron dolores de estómago y una persona pequeña presentó temperatura”, señaló. También aseguró que hubo acercamiento con las familias afectadas y coordinación con autoridades educativas para detectar posibles casos adicionales.
Sin embargo, la reacción tardía no resolvió el problema de fondo: la falta de transparencia oportuna. Porque en estos casos, no solo importa lo que se dice, sino el momento en que se dice. El silencio inicial abrió espacio a la sospecha y debilitó la credibilidad institucional.
Las preguntas siguen vigentes: ¿quién autorizó la compra?, ¿hubo controles sanitarios?, ¿qué sanciones habrá? Sin respuestas claras, el daño no es solo administrativo, también es político.
Un patrón similar se observa en el senador Adán Augusto López. Tras la detención de su exsecretario de Seguridad por presuntos vínculos con el crimen organizado, ha optado por no declarar. “No doy declaraciones”, repite. Pero el silencio no cierra el tema; lo mantiene vivo.
Cada aparición pública reactiva la misma duda: si conocía o no las actividades de su excolaborador. Al evitar responder, no solo evade la polémica, también limita su margen de acción política en otros temas.
Otro caso es el del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien tras anunciar un posible adelanto del calendario escolar guardó silencio ante la polémica. Fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien salió a aclarar que se trataba solo de una propuesta.
Pero el impacto ya estaba hecho, y escuelas privadas comenzaron a de analizar amparos por posibles incumplimientos contractuales con padres de familia, e incluso anunciaron que no se pagarían a terminar antes el ciclo escolar.
Y es que esa situación les traería problemas financieros, pues aún faltaba el pago del último mes de colegiaturas, clave para cubrir gastos y prever el periodo vacacional. Un cambio abrupto implicaba afectaciones económicas importantes.
Y para quienes cubrieron el año por adelantado, implicaría darles una devolución.
Lejos de cerrar el tema, las declaraciones posteriores reavivaron el debate, al indicar que las escuelas no eran, palabras más, palabras menos, lugares de resguardo.
En todos estos casos hay un hilo conductor: decisiones o hechos relevantes seguidos de silencio o respuestas tardías. En un entorno de alta exigencia social, la falta de comunicación se convierte en un problema adicional.
Y Sepa La Bola, pero en paralelo, otra realidad golpea directamente a la ciudadanía: el acceso al agua.
El combate al robo y la regularización de tomas es necesario, pero su implementación ha tenido un efecto inmediato en quienes menos tienen.
Hoy, miles de familias enfrentan suministro irregular y dependen de pipas cada vez más caras.
Una pipa de cinco mil litros cuesta entre tres mil trescientos y tres mil quinientos pesos, casi el doble que antes. Los piperos explican que ahora deben cargar en puntos regularizados con largas filas, lo que reduce su capacidad de operación.
El resultado es claro: menos oferta, mayor demanda y precios más altos, con tiempos de entrega que pueden tardar días.
El problema no es la regulación, sino la falta de una estrategia integral que garantice el abasto y regule precios, un mal necesario al que no quieren entrarle. Al final, tanto el silencio institucional como la crisis del agua reflejan lo mismo: una desconexión entre las decisiones públicas y la vida cotidiana de la población. Cuando faltan respuestas y servicios, lo que se erosiona es la confianza.
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