El Senado mexicano avaló este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un ambiente de creciente presión sobre los recursos hídricos por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta, que fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones, deriva de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum “para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como para priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso”.
El senador Óscar Cantón Zetina, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, por lo que la legislación es la mayor aliada de los productores y los campesinos de México.
La propuesta, dijo, “elimina la visión mercantilista del agua” y la regresan a su “dueño legítimo, que es el pueblo de México”.
Por su parte, la senadora del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral.
Ya que, apuntó, “le da al Gobierno Federal la posibilidad de decidir, de manera discrecional, quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar”, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del también opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que este proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua, además de que no se consultó a los pueblos originarios.
En tanto, Luis Donaldo Colosio, del partido Movimiento Ciudadano (MC), señaló que los cambios abren la puerta “a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano”.
Además, dijo, se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, de corrupción, favoritismos y de castigo político, crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes por lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas indica que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores miércoles y jueves del nuevo marco jurídico del agua llega en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías recurrentes, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola, que consume cerca del 75 % del agua disponible para consumo.
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